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Urgente
jueves, 7 de abril de 2016

Dilma Rousseff puede acudir a la Justicia contra informe y procedimientos de comisión


La presidenta de Brasil Dilma Rouseff puede concurrir a la justicia, contra el dictámen favorable a la destitución de la comisión especial de diputados.

El abogado general de la Unión, ministro José Eduardo Cardozo, clasificó el informe del diputado Jovair Arantes, “Nulo y sin fundamento”. El diputado emitió un dictamen favorable a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en la comisión especial de la Cámara de Diputados que proceso de juicio político. Cardozo dijo que prefiere que los “vicios” y “nulidades” señalados por la defensa sean corregidos por el propio Congreso Nacional, pero no descartó acudir a la Justicia contra el informe de Arantes.

“Confío en que ese informe no será aceptado por la comisión especial. Las nulidades son claras, obviamente evidentes, y sería mejor si se las corrigiera, porque arrastrar una decisión como esa no sería bueno a nadie. Ahora bien, si por casualidad los derechos del estado democrático son violados desde el punto de vista del mandato presidencial, seguramente acudiremos a la Justicia”, afirmó Cardozo, sin revelar cuando eso sucedería.

Responsable de defender a Rousseff en el proceso de juicio político, Cardozo dijo que continuará insistiendo en la tesis de que la demanda es nula. Según el abogado gerenal, el informe no responde a las cuestiones planteadas por el documento presentado por la defensa y aborda temas que “van más allá de los límites de la denuncia”.

“La impresión que nos da, con el debido respeto, es que él [Arantes] ya tenía su conclusión y solo buscó premisas. Es decir, él ya quería la destitución y tan solo se puso a justificarla. Porque no pude encontrar respuesta a ninguna de las preguntas que hizo la defensa”, dijo, en referencia al mérito de las cuestiones planteadas.

Después de leer el documento, Cardozo llamó a una conferencia de prensa para cuestionar puntos de la sesión y del informe, que, según él, deben ser anulados principalmente por coartar el derecho a defensa de Rousseff.

De acuerdo con el ministro, los abogados de la presidenta no fueron llamados a participar en las etapas del proceso. Aún así, informó, ellos asistieron a la sesión del miércoles (6) en un intento de presentar cuestiones de orden durante la lectura del informe, pero fueron impedidos de manifestarse. “Cuando no se les dio la palabra, se violó la ley, la prerrogativa del abogado, y una vez más se hirió mortalmente el ejercicio de derecho a defensa de la presidenta”, dijo.

Cardozo también sostuvo que el informe no responde a las preguntas de la defensa acerca de elementos que no se encuentran en la denuncia presentada por los abogados Miguel Reale Júnior, Janaina Paschoal y Hélio Bicudo, autores del proceso. También criticó la presencia de los tres en la sesión, ya que, según él, “la denuncia debe explicarse por sí misma”.

Según el ministro, Jovair Arantes no respondió a los argumentos preliminares de la defensa de que la solicitud de destitución fue aceptada por “venganza” del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, lo que caracterizaría un vicio procesal. “Esa cuestión debería haber sido contestada por el relator. ¿Por qué no hubo desviación de poder? ¿No hubo venganza? El señor relator no dijo en ningún momento que no fue una venganza, pero se limitó a decir que el poder judicial había examinado, cuando no examinó. El informe ignoró por completo una acusación frontal de ilegalidad de ese proceso, no explicó por qué no sería desviación de poder lo que se produjo en el trámite del proceso”, dijo.

Cardozo sostuvo que la comisión debería haber sacado del proceso hechos “extraños” a la denuncia, como la delación del senador Delcídio do Amaral e indicios de crimen de responsabilidad referentes a antes de 2015, cuando empezó el actual mandato de Rousseff. Su interpretación es que a partir de entonces debería haber sido abierto nuevo plazo para la defensa y los diputados miembros de la comisión deberían haber sido advertidos sobre la “nulidad” de esos hechos extraños.

“El relator lamentablemente ignoró la cuestión, una grave violación del principio del debido proceso legal. En las consideraciones preliminares, el relator no solo no se ocupó de las cuestiones, no las enfrentó, no las respondió, sino también las agravó, porque coartó el derecho a defensa y distorsionó el propósito del proceso”, dijo.

Cardozo repitió parte de la defensa presentada el pasado lunes (4) por él en la comisión y reafirmó que los cambios presupuestarios hechos por la presidenta no interfieren en la meta fiscal, que no hubo ningún acto de Rousseff que pueda considerarse crimen de responsabilidad y que no hay ninguna ilegalidad en los decretos firmados por ella. “¿Cómo siguen insistiendo en un error primario como ese? Solo tengo una explicación: quieren la conclusión a pesar de los conceptos. Quieren construir un crimen a cualquier precio, cuando no sucedió.”

Una vez más, el abogado general de la Unión dijo que, aunque hubiera problemas con los cambios en el presupuesto, no habría dolo de Rousseff porque la presidenta se basó en opiniones de organismos técnicos, atendió a solicitudes de otros poderes y cumplió con recomendaciones de tribunales de cuentas.


“¿De qué crimen estamos hablando? ¿De qué atentado a la Constitución estamos hablando? El relator no logra demostrarlo. Hizo un análisis de muchas palabras, pero de poco contenido. Hay errores crasos, con la debida reverencia y respeto que tengo por el relator, desde el punto de vista del derecho financiero”, dijo.
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