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Urgente
miércoles, 10 de agosto de 2016

El PRO impidió en diputados el debate que proponía suspender el aumento del arifazo


El oficialismo bloqueó la interpelación al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que habían solicitado tanto los legisladores del Frente para la Victoria como los del Frente Renovador, de Sergio Massa, aunque aceptó citar al funcionario para que informe en un plenario de comisiones.

Esto sucedió tras el fracaso de la sesión especial convocada por la mayoría de los bloques de la oposición para debatir los 81 proyectos que proponen suspender el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

La sesión que había sido convocada por el kirchnerismo, el massismo y sus aliados se cayó cuando el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, sometió a votación el pedido de tratamiento de un proyecto de resolución firmado por la massista Graciela Camaño que pedía la interpelación del ministro Aranguren, para lo cual la oposición debía contar con los dos tercios de los presentes, pero para evitar que la iniciativa perdiera estado parlamentario, los representantes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador abandonaron el recinto y dejaron sin el quórum necesario para sesionar.

La exposición de Aranguren será en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía y Combustibles, Obras Públicas y de Defensa de la Competencia, la segunda comparecencia del ministro de Energía en el Congreso, quien estuvo el pasado 22 de junio en el Senado durante varias horas explicando los alcances de la suba de tarifas.

El coordinador del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), le reprochó a oposición, especialmente al peronismo, que "la última interpelación fue la del ministro (Domingo) Cavallo en 1996", durante la gestión menemista, y no hubo ninguna durante el gobierno de la Alianza ni del kirchnerismo. 

Negri dijo que la invitación al ministro se realizará "en forma urgente" y, con ironía, aseguró que quedarán satisfechos "a los que gustan la política-espectáculo, que podrán desfilar por las cámaras".

La sesión especial, finalmente, que la oposición logró iniciar fracasó por cuestiones reglamentarias, ya que tanto el pedido de interpelación a Aranguren como las otras iniciativas de derogación de los aumentos de tarifas no estaban habilitadas para ser discutidas en el recinto por no haber sido discutidas antes en las comisiones correspondientes.

Los legisladores de los bloques del PJ-FPV, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda, el socialismo, Libres del Sur, el Bloque Peronista (Diego Bossio se sumó tras más de media hora de abierta la sesión), Compromiso Federal y otros sentaron los 129 diputados exigidos para empezar la sesión sin participación del oficialismo, aunque contaron con la colaboración del radical tucumano Juan Casañas, quien ocupó la única banca de Cambiemos, gracias a la cual el número trepó a 130 legisladores a las 11 de la mañana.

La algarabía de la oposición tras conseguir número para sesionar se desinfló cuando, como era previsible, el presidente de la Cámara indicó que el artículo 147 del reglamento del cuerpo indica que los proyectos sin dictamen para ser habilitados necesitan dos terceras partes de los votos, salvo que tengan aprobada una preferencia. 

"No vamos a violar el reglamento", remarcó Monzó antes de someter a votación nominal –al final de la sesión y tras un cuarto intermedio de varios minutos-, la habilitación del tratamiento del proyecto mientras escuchaba gritos de disconformidad y consignas contra "el tarifazo".

Después de la formación del quórum, los legisladores de la coalición gobernante ocuparon sus bancas para contrarrestar la estrategia opositora.

Mientras el jefe del bloque del PJ-FPV, Héctor Recalde, alegó la existencia de "un principio que viene de la historia, la preminencia de la realidad", y advirtió que "realmente lo que se avizora es una inestabilidad en las relaciones sociales a causa del aumento de tarifas", Negri replicó que el artículo 147 del reglamento era muy claro y que "ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión".


Elisa Carrió, socia "rebelde" de la alianza gobernante, advirtió, por su parte, que la exigencia de que los proyectos para ser tratados requieran despacho de comisión "es en defensa de las minorías, porque te pueden sorprender con un proyecto hasta para reforma la Constitución", aunque admitió que "es cierto que el ministro tiene que venir a dar explicaciones a comisiones o a la Cámara", y confesó que "somos muchos en Cambiemos que creemos que esto tiene que tener una solución política".
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